Resumen: La resolución impugnada acuerda la resolución del contrato por incumplimiento imputable al contratista y la incautación de la garantía definitiva, siendo controvertida la concurrencia de causa de fuerza mayor que imposibilitó el cumplimiento del contrato por falta de suministro de materiales e incremento de precio, como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la covid, la guerra de Ucrania y la huelga de transportistas de marzo de 2022. En la sentencia se considera que la demandante no ha acreditado estos extremos, puesto que no ha facilitado ningún documento concreto que demuestre el retraso en la obtención de los materiales necesarios para la realización de la obra, o la subida de precios de los mismos que haya hecho imposible su compra, ni se ha demostrado que se intentara negociar el precio de la compra de materiales con diversos proveedores de los mismos, ni en qué forma la huelga de transportistas le afectó, siendo fácil aportar documentos que demostraran estos extremos. No puede obviarse que existe una situación de crisis económica, pero toda empresa debe asumir el riesgo de que los precios puedan variar en un momento dado y ello no implica que el contrato resulte de imposible cumplimiento, concluyéndose que no queda acreditada la fuerza mayor en la medida en la que no se ha aportado prueba suficiente que realmente demuestre la imposibilidad de cumplir el contrato de obra.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
